Hay palabras que funcionan bárbaro en política. Libertad es una de ellas.

El Gobierno de Río Negro acaba de mandar a la Legislatura un proyecto para terminar con la afiliación obligatoria al IPROSS y permitir que los trabajadores estatales activos y jubilados puedan elegir otra cobertura. Weretilneck lo presentó justamente así: como un paso hacia la “libertad de elección”. También dijo que cada trabajador debería poder decidir dónde atenderse y a qué cobertura destinar sus aportes.

Y hasta ahí, perfecto.

Si IPROSS funciona mal, nadie debería estar obligado a quedarse ahí para siempre. Si hay otra cobertura que te sirve más y podés pagarla, ¿por qué no vas a poder elegir?

El problema aparece con una pregunta bastante más incómoda:

¿qué pasa con el que no puede elegir?

Porque la libertad de elegir una cobertura médica no funciona igual para todos.

El propio Gobierno explica que el trabajador podrá evaluar otras alternativas y pagar la obra social que considere conveniente. El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, lo dijo directamente: IPROSS tendrá que competir por la confianza de sus afiliados y cada persona podrá mirar las alternativas y sus costos.

Bueno.

¿Y si el sueldo no alcanza?

Porque una cosa es tener un salario que te permite buscar otra cobertura y poner plata encima si hace falta. Otra es llegar al día 20 mirando la cuenta bancaria con cara de ¿qué carajo hago ahora?

Ahí la famosa libertad puede transformarse en algo bastante más parecido a una obligación.

Te podés ir. Sí.

Pero si la alternativa cuesta más de lo que podés pagar, ¿a dónde te vas?

Te quedás en IPROSS.

Y justamente ahí aparece la discusión que no debería quedar escondida detrás de la palabra “libertad”.

IPROSS tiene actualmente alrededor de 160.000 afiliados, según el Gobierno provincial. El Ejecutivo sostiene que la obra social está en condiciones de competir, que viene modernizándose y que amplió coberturas. En junio, por ejemplo, anunció cobertura del 100% para prótesis y material quirúrgico nacional, 80% para materiales importados y nuevas incorporaciones al vademécum de medicamentos.

Perfecto.

Entonces hay una pregunta todavía más sencilla:

Si IPROSS está en condiciones de competir, ¿por qué no hacemos que funcione cada vez mejor antes de preocuparnos por quién se puede ir?

Porque tampoco se trata de defender al IPROSS porque sí.

Si un afiliado tiene problemas para conseguir una prestación, si espera meses por una autorización, si los medicamentos no aparecen o si los prestadores tienen dificultades para atenderlo, hay que arreglar eso.

No hay ninguna épica en obligar a alguien a quedarse en una obra social que funciona mal.

Pero tampoco hay ninguna épica en decirle:

“Si no te gusta, andate.”

Porque el que tiene plata puede hacerlo.

El que no tiene, no necesariamente.

Y ahí aparece el otro punto delicado: qué pasa con el sistema cuando los afiliados empiezan a elegir.

SITRAJUR ya salió a cuestionar la iniciativa. Su secretario general, Marcos Calarco, sostiene que el problema de IPROSS está en su administración, financiamiento y prestaciones, y advierte que la salida de afiliados puede debilitar el sistema solidario. Otros gremios estatales también expresaron preocupación por el impacto que podría tener la medida.

El proyecto acaba de ingresar a la Legislatura y todavía tiene que discutirse. La iniciativa establece además mecanismos para garantizar la continuidad de tratamientos en curso y contempla la posibilidad de regresar a IPROSS en determinadas circunstancias.

Por eso la discusión debería ser bastante más profunda que “libertad sí o libertad no”.

Hay que preguntar cuánto recauda IPROSS.

Cuánto gasta.

Qué prestaciones funcionan bien y cuáles no.

Cuánto le cuesta al Estado.

Cuánto aportan los trabajadores.

Cuántos afiliados podrían irse.

Y, sobre todo, quiénes tendrían realmente la posibilidad económica de hacerlo.

Porque si los que tienen mejores ingresos encuentran una cobertura que les conviene y pueden pagarla, mientras los que cobran menos se quedan porque no tienen otra alternativa, el sistema puede empezar a cambiar de composición.

Y ahí ya no estamos hablando solamente de libertad.

Estamos hablando de igualdad para acceder a la salud.

La idea de elegir no es mala.

Lo que sería bastante jodido es que terminemos con un sistema donde algunos puedan decir “me voy porque puedo” y otros tengan que decir “me quedo porque no me alcanza”.

Y tampoco hay que comprar el argumento contrario sin discutirlo: IPROSS no merece ser defendido por ser IPROSS. Merece ser defendido si garantiza una buena atención a sus afiliados.

Si hay que cambiar la administración, que se cambie.

Si hay que mejorar los controles, que se mejoren.

Si hay que discutir cómo se financia, discutámoslo.

Si hay que darle más participación a los trabajadores, que se discuta también.

Pero si el problema es que la obra social funciona mal, la solución no debería ser que los que pueden pagar se escapen y los demás se queden atrapados.

Porque ahí la palabra “libertad” empieza a tener un pequeño detalle.

Tiene precio.

Weretilneck le puso la palabra “libertad” al IPROSS. Ahora hay que ver quién puede pagarla.